La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, ha anunciado una partida de 78 millones para el plan de Empleo Juvenil en los Presupuestos de la Comunidad

La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, ha anunciado una partida de 78 millones para el plan de Empleo Juvenil con el que se pretende impulsar la creación de más de 4.000 empleos a lo largo del próximo año, además de sufragar el 50 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tanto de las personas en exclusión o en riego de exclusión como su personal de acompañamiento

Así lo ha señalado durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes donde ha presentado las cuentas de su cartera para el próximo ejercicio.

En este foro, Amigo ha señalado que el empleo juvenil se plantea como una de las “grandes prioridades” de la Consejería. De ahí, que además de este plan de empleo se planteen programas y medidas específicas adicionales a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

“El apoyo a este colectivo se manifiesta una vez más como imprescindible si queremos que formen parte, no ya de nuestro futuro, sino de nuestro presente, como partícipes de las medidas a implementar, donde la digitalización y las nuevas tecnologías son prioritarias, con el fin de que ellos estén perfectamente preparados y en las mejores condiciones de implicarse e incluso de liderar estos procesos”, ha explicado.

Entre estas iniciativas cabe destacar el Programa de primera experiencia profesional, dotado con diez millones, para la contratación de jóvenes menores de 30 años en el sector público institucional y en las corporaciones locales; así como el Programa investigo, con una inversión de 11,6 millones entre los ejercicios 2021 y 2023, para promover la contratación de jóvenes en centros de investigación, universidades o centros tecnológicos.

La promoción del empleo femenino será también objeto de especial atención en los programas del próximo año. Además de los incentivos adicionales para la contratación y la promoción del autoempleo, se pondrán en marcha, con el apoyo de los fondos europeos, varios programas específicos para este colectivo.

Entre ellos, ha citado un programa de apoyo a la mujer del ámbito rural y urbano destinado a prestar atención personalizada a través de itinerarios integrados de empleo, y otro programa de formación e inserción, con compromiso de contratación, para mujeres víctimas de violencia de género. Estos dos programas, que se extenderán hasta el 2023, cuentan con un presupuesto global de nueve millones.

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

Por otra parte, la consejera se ha referido también a que la política, “tan denostada en los últimos tiempos”, tiene la “noble” misión de distribuir con equidad y justicia los recursos públicos, para apoyar a aquellas personas y colectivos que, por circunstancias muy diversas, se encuentran en una situación más desfavorable.

“Las políticas públicas deben arbitrar mecanismos para corregir esas desigualdades y garantizar la igualdad de oportunidades, facilitando la integración laboral y en consecuencia la integración social de todos los miembros de una colectividad. Ese objetivo, es el que nos lleva a prestar atención a las personas en exclusión o en riesgo de exclusión social”, ha explicado.

De ahí que la Consejería se comprometa a su integración laboral a través de las Empresas de Inserción que se verá potenciada con los presupuestos del próximo año con un incremento superior al ocho por ciento. “Vamos a destinar 800.000 euros a financiar el 50 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional tanto de las personas en exclusión o en riego de exclusión como su personal de acompañamiento”, ha explicado.

Dentro de los presupuestos de la Dirección General de Economía Social y Autónomos, Ana Carlota ha querido destacar los programas dirigidos a los Centros Especiales de Empleo, las empresas de inserción, y las sociedades y cooperativas laborales.

Así, ha avanzado que en el ejercicio 2022 se destinarán 28,5 millones a los Centros Especiales de Empleo con el fin de cofinanciar las inversiones y los costes salariales de las personas con discapacidad y del personal de las Unidades de Apoyo.

Amgio ha recordado que Castilla y León cuenta con 324 Centros Especiales de Empleo que emplean a más de 5.600 personas con capacidades diferentes.

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