Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG, en unidad de acción, anunciaron la convocatoria de nuevos actos reivindicativos conjuntos “por el hundimiento de la rentabilidad del sector, que está llevando a pérdidas a muchos de los subsectores, en particular los cereales y al resto de cultivos herbáceos”. En concreto, celebrarán una manifestación el miércoles 20 de mayo, en Valladolid, a la que, afirman, “con seguridad” seguirán “otras medidas de protesta”, en un ”clima de desánimo» al sentirse “desamparados además tanto por la Unión Europea como por el Estado y la Junta de Castilla y León”.
Las organizaciones convocantes reclaman “medidas políticas, arancelarias y fiscales” para que se abaraten los insumos, y para que repunten los precios de los productos, al menos hasta cubrir los costes de producción, tal como fija y obliga la Ley de la Cadena Alimentaria.
Mientras los mercados no alcancen un equilibrio “más justo”, y a la vez “continúen distorsionados” por los grandes conflictos bélicos, las organizaciones agrarias exigen ayudas económicas “más allá de las ya aprobadas”, y recuerdan que, mientras que las del Estado “nacieron escasas y ahora se han quedado todavía más cortas, la Unión Europea y la Junta de Castilla y León ni siquiera se han acordado de los agricultores y ganaderos”.
Así, el sector reclama que al menos se cumpla con los mínimos que establece el Marco Temporal de Ayudas Estatales para la Crisis de Oriente Medio (METSAF), aprobado el pasado 29 de abril por la Comisión Europea, que establece que se pueda compensar, vía ayudas, hasta el 75 por ciento del coste adicional en el que, hasta finales de año, incurran los agricultores y ganaderos por el sobre coste de fertilizantes y carburantes.
En un comunicado conjunto recogido por Ical, las opas indican que en una situación bélica con dos frentes abiertos, Oriente Medio y Rusia-Ucrania, la situación del campo “empeora cada día, al no repuntar las cotizaciones de los productos agrarios, mientras que siguen alcanzando récords los precios de los insumos, en particular de los carburantes y los fertilizantes”.
En concreto, explican que el sector lácteo, que atravesaba una situación “coyunturalmente más equilibrada”, se ha visto “obligado, por la imposición de la parte compradora, a firmar contratos por tres meses con una caída del precio del 14 por ciento”. Este nuevo marco, denuncian, “ha frenado las inversiones, está provocando el abandono de granjas, y ha llevado a una reducción de la producción de leche a través de la disminución de los censos”.
Estas organizaciones agregan que a este “problema” se suma el que sufre toda la ganadería, por las consecuencias económicas de enfermedades animales “cuyo control no está en manos del sector”. Y también ante “el estado de alerta permanente y de desconfianza que vive el campo ante las consecuencias que puede tener para el sector la entrada en vigor de acuerdos internacionales, como es el caso de Mercosur y otros que están en camino”.
