El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Paredes de Nava ha reclamado al equipo de Gobierno que la cesión gratuita de terrenos municipales para la construcción de viviendas por parte de Somacyl esté condicionada a que el precio de venta de los inmuebles no supere los 109.000 euros, con el fin de garantizar el acceso a una vivienda asequible.
Desde el PSOE local se muestran favorables a la cesión de suelo, pero siempre que vaya acompañada de requisitos que eviten que esta operación beneficie únicamente a la empresa pública. En este sentido, instan a que el pliego de cláusulas administrativas incluya límites claros en el precio de venta de las viviendas, informaron los socialistas en un comunicado.
El PSOE de Paredes advierte que la normativa autonómica permite que este tipo de viviendas alcancen precios de hasta 197.000 euros en municipios como Paredes de Nava, una cifra que consideran alejada de la realidad del mercado local y que dificultaría el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes.
Según sus estimaciones, el coste de construcción de estas viviendas rondaría los 145.000 euros, cantidad a la que debería aplicarse una reducción del 25 por ciento conforme a la Orden MAV/800/2025, situando el precio final en los citados 109.000 euros. De no establecerse este tope, alertan de que las viviendas podrían encarecerse hasta en 80.000 euros.
Asimismo, recuerdan que el Ayuntamiento facilitaría la operación mediante la cesión gratuita de los terrenos y una bonificación de hasta el 95 por ciento en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), lo que, a su juicio, obliga a garantizar que el precio final sea competitivo.
El portavoz socialista, Jesús Manuel López, defendió que “si queremos vivienda pública, es necesario evitar que los vecinos paguen de más para beneficiar a una empresa”, al tiempo que reclamó medidas para impedir la especulación con estos inmuebles.
Entre las propuestas planteadas, el PSOE aboga por prohibir el alquiler de las viviendas hasta pasados diez años desde su adquisición, limitar las rentas al IPC y al precio medio de la zona, y fijar un periodo mínimo de 25 años para su venta. En este caso, el precio máximo estaría vinculado al valor catastral del metro cuadrado más la actualización del IPC.
Los concejales socialistas consideran que estas condiciones permitirían garantizar que la vivienda cumpla su función social y no se convierta en un objeto de especulación. Por ello, mantienen su rechazo a la cesión gratuita de los terrenos mientras no se incorporen estas exigencias, tal y como ya manifestaron con su voto en contra en el último pleno municipal.
